Ante la publicación en prensa el pasado viernes, día 12, de las Medidas para el empleo, la inversión y el consumo propuestas por Gobierno de Navarra, el Colegio Oficial de Diplomadas/os en Trabajo Social de Navarra quiere manifestar lo siguiente respecto a la medida 19 (Refuerzo de la gestión de tramitación de la Renta Básica con trabajadores cualificados que sean perceptores de esta ayuda):

 1º Expresar nuestra perplejidad ante tamaño despropósito. De la misma manera que al Gobierno de Navarra no se le ocurre contratar a las personas perceptoras de Renta Básica para pasar consulta en los Centros de Salud o para impartir clases en los Centros Educativos (y son usuarias, o sus familias, de estos sistemas), es impensable que se les contrate para realizar un trabajo profesional, que requiere una titulación universitaria, una colegiación obligatoria (con sanciones por mala praxis), guiarse en el ejercicio de su profesión por el código deontológico, mantener el secreto profesional, estar sujeto a responsabilidades civiles y penales, etc.

 2º Para solicitar la prestación de Renta Básica, el/la trabajadora social realiza una valoración social y un diagnóstico social, basándose siempre en las potencialidades de la persona, los recursos propios y ajenos, efectúa un diagnóstico  y diseña un plan de intervención, atendiendo a las necesidades y deseos del usuario, con la metodología propia del Trabajo Social. Todo ello queda reflejado en su dictamen profesional.

En el Documento Base para un Plan de Atención Comunitaria de Servicios Sociales quedan recogidos (pág. 95) los recursos humanos necesarios para la reordenación de los mismos, con la implantación de los cuatro programas desde los Servicios Sociales de Base en toda la Comunidad Foral. Las figuras profesionales son: Trabajadores/ras Sociales de primera acogida, Gestores de Casos, Técnicos de apoyo/responsables de programas. En ningún momento aparece reflejada la figura “perceptor de renta básica con formación”, por lo que entendemos que éste/a no puede valorar, tramitar y resolver un expediente de renta básica.

 3º Las/los trabajadas/res sociales manejan en su desempeño profesional información sensible y confidencial de las personas usuarias, que deben custodiar bajo su responsabilidad. Esta información está bajo el amparo de la Ley Orgánica de Protección de Datos y cualquier uso indebido de la misma puede dar lugar infracciones y sanciones, como queda recogido en dicha ley.

 4º El desbordamiento que sufren actualmente los servicios sociales, fruto de la coyuntura económica que padecemos, no se alivia ni se soluciona contratando a personas perceptoras de Renta Básica, con un salario similar a la cuantía de su ayuda (o con un salario mínimo interprofesional), sino contratando profesionales con la cualificación requerida, título universitario correspondiente y en un nivel B.

Quedamos a la disposición del Sr. Consejero de Economía y Hacienda, del Sr. Director General de Política y Promoción Económica y del Sr. Director Gerente de la Hacienda Foral, para cualquier aclaración, duda, ampliación de información, o lo que estimen conveniente a este respecto.

 

La Junta de Gobierno y en su nombre

 Begoña Munarriz Rodríguez 

Presidenta

 

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