Edurne González Paredes
Trabajadora Social Colegiada 28-781
El 8 de marzo no puede quedarse en una fecha simbólica. En Navarra, donde contamos con un recorrido institucional avanzado en igualdad, el reto ya no es declarar compromisos, sino consolidarlos con recursos estables y políticas públicas evaluables.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra queremos aprovechar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no solo para conmemorar, sino para posicionarnos con claridad: no habrá igualdad real sin intervención social estructural y sin un Trabajo Social feminista, crítico y comprometido.
El 8 de marzo se asienta sobre la memoria de las trabajadoras que en 1911 dieron su vida por derechos que hoy consideramos básicos. Pero más allá del símbolo, esta fecha nos interpela como profesión.
Cada 8 de marzo se conmemora el progresivo avance hacia la conquista histórica de los derechos de las mujeres por la igualdad de trato y oportunidades. Además, es una oportunidad para reflexionar sobre la igualdad, y para reconocer y poner en valor el papel que desempeñan las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, y para recordar, en tiempos de reacción antifeminista, que es necesario continuar con las reivindicaciones TODOS LOS DÍAS, Y NO DAR UN PASO ATRÁS, para no ver comprometidos los avances logrados durante siglos.
Para que la igualdad no sea solo un lema el 8 de marzo, la práctica profesional debe integrar la perspectiva de género de manera transversal. El compromiso con la justicia social y la igualdad es un deber ético de nuestra profesión. El Trabajo Social tiene un papel esencial en este proceso: estar con las mujeres, crear redes comunitarias sólidas y visibilizar desigualdades e injusticias sociales desde un enfoque feminista inclusivo e interseccional. Porque defender los derechos de las mujeres no solo es una cuestión profesional; es una convicción ética basada en la humanización, la cultura de paz y el buen hacer profesional.
Empezaremos hablando que es una profesión mayoritariamente femenina. Con lo que, para nosotras el 8M es doblemente importante: como profesionales que intervienen y como trabajadoras que también sufren la brecha y la carga de cuidados.
De la reivindicación a la estructura: evolución de las políticas de igualdad
Hablar de igualdad no es hablar de una moda reciente. Es hablar de una construcción institucional y jurídica sostenida durante décadas.
En 1995, 189 gobiernos adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, consolidando avances jurídicos y políticos fundamentales a nivel global.
En el Estado español, el Ministerio de Igualdad, creado en 2008, asumió la responsabilidad de impulsar políticas públicas específicas en materia de igualdad y lucha contra la violencia contra las mujeres, desarrollando el marco normativo iniciado por la Ley Orgánica 3/2007.
En Navarra, el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), nacido hace tres décadas como Instituto de la Mujer, fue fruto directo de las demandas de los movimientos feministas. Su evolución ha consolidado estructuras técnicas, campañas de sensibilización como el 25N y un marco normativo pionero que situó a Navarra a la cabeza en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Esta evolución demuestra algo fundamental: la igualdad no avanza solo con voluntad política; necesita estructuras estables, profesionales cualificadas y recursos garantizados.
Y aquí el Trabajo Social ha estado – y debe seguir estando – en primera línea.
Cuatro claves para una intervención feminista transformadora
- La institucionalización de la Igualdad: técnicas, presupuesto y estabilidad
Es una noticia positiva ver cómo los ayuntamientos incorporan la figura de las Técnicas de Igualdad. No obstante, como profesionales debemos denunciar la vulnerabilidad de estos puestos. Actualmente, la sostenibilidad de estas figuras depende en exceso de las prioridades políticas locales y de fondos finalistas como los del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Por lo que las plazas de estas profesionales (mayoritariamente ocupadas por mujeres) deberían ser parte de los servicios estructurales y obligatorios en las administraciones locales, para poder garantizar la continuidad de la intervención.
La lucha por la igualdad necesita de estas técnicas para asegurar que cada presupuesto municipal, cada plan de urbanismo y cada servicio de Trabajo Social incluya la perspectiva de género por mandato de la Ley Foral 17/2019 de Igualdad.
Desde el Colegio defendemos que estas figuras deben formar parte de los servicios estructurales obligatorios en las administraciones públicas, garantizando estabilidad, continuidad y calidad en la intervención.
Además, compartimos el posicionamiento del Consejo General del Trabajo Social: la futura regulación de la figura de Agente de Igualdad debe reconocer expresamente al Trabajo Social como profesión habilitante y referente.
El Trabajo Social cuenta con:
- Formación universitaria específica.
- Competencias en diagnóstico social y análisis de desigualdades estructurales.
- Enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
- Experiencia en diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.
El diagnóstico social es una función profesional propia del Trabajo Social. Incluirlo sin reconocimiento explícito en una nueva regulación supondría un riesgo de solapamiento e intrusismo profesional.
Profesionalizar la igualdad no puede significar fragmentar lo que ya está consolidado.
- Transversalidad: más allá de los “puntos violeta”
La igualdad no es un compartimento estanco ni una lucha de colectivos radicalizados (feminazis, reivindicales, extremistas); es una herramienta de análisis de una sociedad hegemónica y patriarcal.
Hablar de transversalidad implica que la perspectiva de género debe impregnar desde el urbanismo hasta la gestión de servicios sociales básicos. No se trata de «hacer cosas para mujeres», sino de corregir el sesgo que invisibiliza sus necesidades en cada política pública.
La intervención social sin perspectiva de género es una intervención incompleta.
- El derecho al cuidado y la corresponsabilidad
Como profesionales del Trabajo Social, somos testigos de cómo la falta de corresponsabilidad sigue lastrando la trayectoria vital de las mujeres. Debemos transitar hacia el reconocimiento del Derecho Social al Cuidado, donde la administración no solo sensibilice, sino que ofrezca recursos públicos suficientes para que el cuidado deje de ser una carga privada y femenina.
El cuidado es una cuestión estructural, no individual.
- Interseccionalidad y diversidad: un compromiso ético irrenunciable
Bajo el lema de Naciones Unidas para 2025, «Para TODAS las mujeres y niñas: Derechos», nuestra intervención debe ser radicalmente interseccional. No existe una «mujer universal»:
- Diversidad migrante: Barreras lingüísticas y administrativas (Ley de Extranjería).
- Discapacidad: Doble discriminación y mayor riesgo de violencia.
- Colectivo LGTBIQ+: Necesidad de espacios seguros y protocolos específicos de acogida.
El enfoque de género sin interseccionalidad reproduce desigualdades dentro del propio feminismo.
Conclusión: sin Trabajo Social feminista no hay democracia plena
El 8M es un recordatorio de que no habrá justicia social sin un Trabajo Social feminista de calidad. Nuestra labor no es solo asistencial, es política: debemos ser los agentes que identifiquen y desmantelen las violencias machistas en todas sus formas, desde la brecha salarial hasta la violencia vicaria. La intervención social sin perspectiva de género es, en realidad, una intervención incompleta que perpetúa la desigualdad».
Para el Trabajo Social, esta evolución supone un reto y una oportunidad. La colaboración estrecha con estas unidades de igualdad permite que nuestra intervención deje de ser meramente asistencial y pase a ser estructural. No podemos entender la vulnerabilidad social sin la variable de género, ni podemos trabajar por la cohesión de nuestros municipios sin abordar la brecha en los cuidados o la violencia machista.
En este 8 de marzo, la memoria de quienes nos precedieron en las fábricas de Nueva York debe impulsarnos a profesionalizar la lucha. Como trabajadoras y trabajadores sociales, nuestra misión es clara: ser agentes de cambio que, de la mano del marco jurídico navarro y las redes técnicas locales, garanticen que la perspectiva de género sea el eje transversal de toda política pública. Porque la igualdad real no es solo una meta técnica, es el único camino posible hacia una democracia plena.
